Es un hecho concreto que mientras otras universidades han alcanzado el congelamiento del arancel (el que no es un avance dentro de las condiciones objetivas de quienes tienen una condición socio-económica media y baja), ya sea por la lucha de los estudiantes, como es el caso de Universidad de Concepción (UdeC), o con el ajuste por el IPC, para la Universidad Alberto Hurtado,(UAH). Para la USACH esto es muy poco probable debido a la delicada situación financiera que enfrenta.
Un punto de comparación importante entre la UdeC y la UAH, es el dueño de la institución, mientras que de la USACH se hace llamar del Estado; el dueño de la UdeC es una corporación privada, y el de la UAH es la congregación jesuita. Debido a esto tienen una entrada de ingresos de otras fuentes además de las llamadas “tradicionales”[1], ya sean los aportes que reciben de donaciones o los aportes de la congregación jesuita a la UAH o los de la Lotería de Concepción (Kino) a la UdeC. Lo que da a éstas una cierta autonomía financiera que la USACH no tiene.
La movilización llevada a cabo por la UdeC durante el año 2009, fue una movilización de carácter local, que se trabajo en base a un acuerdo no cumplido por parte de las autoridades del plantel educativo, en la cual se comprometían a congelar el arancel real, es decir, que el arancel nominal se ajustaría de acuerdo a las variaciones del IPC[2]. Dentro de las demandas levantadas estaba rebajar su arancel hasta el nivel del de referencia, lo que demuestra que no es una propuesta técnica sino una reivindicación. La movilización se levanta durante el segundo semestre[3], antes de que se asignen los montos entregados por el Estado a los diversos planteles del CONFECH, y de que la universidad publicará los aranceles para el año 2010; se provocan sucesivas marchas, paros y se termina con una toma generalizada, en la cual destaco el carácter contestarlo del estudiantado, además de aprovechar un congreso internacional que se iba a realizar en el campus de Concepción. Todo esto obliga a las autoridades a negociar con el estudiantado, tras lo cual se consigue el acuerdo de congelar y reducir el arancel, al de referencia.
Claramente para la USACH, esto se complica, por los siguientes motivos:
- El acuerdo firmado entre los “dirigentes” de los estudiantes y las autoridades de la universidad, donde se fija que el arancel será reajustado cada año, a partir de la base del reajuste de los trabajadores del sector público. Fórmula que surgió de los propios estudiantes, y que convenientemente las autoridades dieron su visto bueno.
- La crisis financiera que vive
- Los daños causados por el terremoto, en donde no hay claridad de donde provienen los fondos para pagarlos, si es a través de seguros o de prestamos con la banca privada. Lo que si está claro es que directamente del Estado no provienen, ya que en el último anuncio del MINEDUC sólo se incluía a las universidades de las más zonas afectadas.
Debido a la sensible situación que vive la institucionalidad, se ve nuevamente forzada a caer en el juego del AUTOFINANCIAMIENTO; mecanismo implementado por el sistema dominante, desarrollado desde la Dictadura Militar con la Ley General de Universidades (diciembre de 1980); y que fue profundizado por la Concertación, con medidas como el Fondo Solidario[4] (Gobierno de Aylwin), la implementación de la Ley Marco (Gobiernos de Frei y Lagos), la implementación del plan Tuning o MECESUP 1 y 2 (administraciones de Lagos y Bachelet) y la ley de Financiamiento Universitario (Gobierno Lagos, acuerdo “CONFECH-MINEDUC” en 2005, en que el CONFECH, acepta casi por unanimidad el acuerdo propuesto por el MINEDUC[5]).
Por lo que concluimos, que la Universidad no tiene que seguir en la lógica del autofinanciamiento, pues lo que si tiene que suceder es que mejore la administración de los recursos. Pero lo realmente relevante es que el Estado sea quién se haga cargo del financiamiento.
Notas al pie
[1] Con esto nos referimos a formas tradicionales a: i) fondos entregados por el Estado, tanto a las instituciones como las entregadas por el mecanismo de subsidio a la demanda. ii) financiamiento por el concepto de matricula tanto de pregrado como postgrado (arancel). iii) Investigaciones al servicio del empresario, con los fondos CONICYT, MECESUP 2, FDI, Convenios de Desempeño, entre otros.
[2] La idea de congelar el arancel real, es que a lo largo del tiempo, la capacidad adquisitiva de ese monto de dinero sea igual en diferentes periodos de tiempo, entonces para mantener dicha condición al arancel nominal (que incluye la inflación, y que en el periodo cero es igual al arancel real) se le va añadiendo la inflación de los distintos periodos para así mantener el poder adquisitivo de ese monto de dinero.
[3] No sabemos si fue una movilización coordinada a nivel de campus o de universidad, ya que la UdeC tiene campus en tres ciudades Concepción, Chillán y Los Ángeles, en las que se cobra el mismo arancel, salvo en una carrera. Además los tres campus tienen distintas federaciones.
[4] El año 1993 se modificó el sistema, se crea el Fondo Solidario de Crédito Universitario con tasas de interés subsidiadas del 2%, plazos entre 12 y 15 años, y pagos contingentes basados en un porcentaje del ingreso percibido una vez concluido el período de gracia de dos años después del egreso.
La premisa básica del orden social era que ningún estudiante se quedaría al margen de la educación superior por no tener capacidad de pago, pero, del mismo modo, ningún estudiante con capacidad de pago futura (lo que da pie para la que este sea un préstamo) evadiría la devolución del préstamo. Se optaba así por un sistema de acceso al crédito en que el estudiante tenía la posibilidad de recibir un subsidio, posteriormente, si no lograba devolver la totalidad del préstamo más intereses, al término de plazo previsto en la Ley , y no por un sistema gratuito, o de becas, lo cual representaría un subsidio inmediato. El déficit del Fondo de Crédito creó una presión sobre las universidades para que contribuyeran directamente con recursos propios al financiamiento del sistema. Esta situación significó que las universidades dejaran de percibir ingresos, lo cual si bien permitía resolver el déficit del Fondo Solidario, generaba una disminución patrimonial de las universidades. Lo anterior genero la llamada lógica de autofinanciamiento, ya que para paliar el déficit patrimonial que se iba generando, las Ues. aumentaban el arancel. Como cada año aumentaba el déficit del Fondo Solidario, se volvían a aumentar los aranceles, así cayendo en un círculo vicioso
[5] Sólo una federación de la universidad de la Santísima Concepción se negó a afirmar el acuerdo, el cuál es reconocido por ser una traición de los dirigentes a las base del Movimiento Estudiantil, considerada la última gran derrota por parte de los estudiantes de Educación Superior.
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